El Congreso debe poner fin al fiasco de Joe Biden en materia de inmigración | Opinión

El gobierno del presidente Joe Biden ha abierto nuestra frontera sur a un número ilimitado de inmigrantes ilegales de todas partes del mundo, y no tiene intención de cambiar de rumbo.

En lugar de actuar para asegurar nuestra frontera, ha implementado un plan fronterizo de tres puntos:

1. Procesar rápidamente a los inmigrantes ilegales en el país, utilizando ONG que reciben subvenciones de la FEMA y el HHS para transportarlos al interior de Estados Unidos.

2. Conceder a estos inmigrantes la libertad condicional (aunque en violación de la ley de libertad condicional).

3. Usar su nueva regla para agilizar las solicitudes de asilo de cientos de miles de extranjeros ilegales (la mayoría de los cuales no son elegibles para recibir asilo).

El Congreso tiene la obligación de desaprobar la regla y devolver el sentido y la integridad al asilo. Aparte de la naturalización, el asilo es el beneficio de inmigración más importante que otorga esta nación. Protege a quienes han sido perseguidos o tienen un temor fundado de ser perseguidos por un gobierno a causa de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.

Según la ley, quien presente a sabiendas una solicitud de asilo frívola será excluido permanentemente de todos los beneficios de inmigración. El asilo no es un beneficio del que se deba abusar, ni se deben suavizar los estándares de elegibilidad para conceder asilo a más extranjeros en un gesto de bienestar. Sin embargo, esos son exactamente los enfoques que persigue el gobierno de Biden.

Innumerables inmigrantes ilegales que se acercan a nuestra frontera sur admiten ante periodistas y agentes que vienen a Estados Unidos a trabajar. Son inmigrantes económicos, no víctimas de persecución. Sin embargo, las ONG los asesoran para que aleguen el miedo a regresar a su país como táctica para conseguir que sean procesados en este país.

Mientras tanto, la izquierda pinta engañosamente a los inmigrantes que vienen aquí ilegalmente como “solicitantes de asilo”. Aprovechando la vaguedad de la “pertenencia a un grupo social determinado”, la extienden para incluir amplias categorías de circunstancias, como abuso doméstico, delincuencia, actividad de pandillas y, por supuesto, el cambio climático.

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Además, con su nueva regla de asilo, la administración pretende eliminar el proceso de confrontación y recortar otros aspectos procesales para acelerar la concesión de asilo. El efecto neto de todo esto es animar a más inmigrantes a presentar solicitudes de asilo fraudulentas.

La administración afirma que la norma reducirá la acumulación de solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración. De hecho, simplemente trasladaría el retraso a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de la Seguridad Nacional.

Los tribunales de inmigración tienen actualmente un retraso de más de 1.8 millones de casos. El USCIS empequeñece ese retraso con más de 8.5 millones de casos, incluidos más de 468,000 casos de asilo pendientes. Al hacerse cargo de las solicitudes de asilo por miedo creíble, el USCIS hará que los solicitantes de no asilo tengan que esperar aún más tiempo para que se decidan sus solicitudes. Los miembros del Congreso tienen que darse cuenta de que la inmigración ilegal y el fraude en el asilo perjudican a los solicitantes de inmigración legal.

También es importante señalar que la administración se niega a cobrar una tarifa por las solicitudes de asilo, a pesar de que el USCIS es una agencia financiada con tarifas. El costo de la adjudicación de las solicitudes de asilo se paga a través de tarifas más elevadas que se imponen a otros solicitantes que buscan diferentes tipos de beneficios.

Debido a que esas tarifas han aumentado significativamente a lo largo de los años, el DHS ha adquirido la costumbre de pedir al Congreso créditos para cubrir los costos de adjudicación de asilo en lugar de cobrar a los solicitantes incluso una tarifa nominal. Esto desafía la intención del Congreso de que sean los solicitantes, y no los contribuyentes estadounidenses, quienes paguen sus solicitudes.

No cobrar ninguna tarifa anima a la gente a presentar solicitudes de asilo fraudulentas. No hay ningún inconveniente para ellos. De hecho, la presentación de una solicitud de asilo gratuita hace que un inmigrante ilegal tenga derecho a un documento de autorización de trabajo y le hace ganar más tiempo en Estados Unidos —exactamente lo que quiere— mientras espera que se adjudiquen sus solicitudes.

Catorce estados se han unido para demandar a la administración por esta regla de asilo. Independientemente del resultado de los tribunales, el Congreso debería quitar la financiación a cualquier esfuerzo administrativo que fomente el fraude en el asilo o que diluya las normas de este importante beneficio.

Debido a las serias amenazas a la seguridad nacional a las que se enfrenta nuestro país por las políticas de Biden, esto es solo el principio de lo que el Congreso debe hacer para asegurar nuestra frontera.

Lora Ries es la directora del Centro de Seguridad Fronteriza e Inmigración de The Heritage Foundation.

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